AySA plantea un tarifario con ganadores y perdedores y abre la pulseada en una audiencia pública

Un total de 30.250 pesos de factura residencial promedio mensual, sin impuestos, es la cifra que la concesionaria Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) puso sobre la mesa del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) para reconfigurar el cobro del servicio en la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano bonaerense, en un escenario que dibuja ganadores y perdedores según el domicilio, el tipo de inmueble y la presencia o no de medidor. La propuesta contempla subas, bajas y boletas sin cambios para el universo residencial, y un rediseño de los coeficientes zonales que pasan de once niveles a cinco, con un tope mensual acumulativo del 5% en la aplicación de los incrementos.

El punto de partida es la factura promedio ponderada del conjunto de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que subiría de 27.156 a 30.250 pesos, equivalente a una suba del 11,4%, aunque la empresa aclara que ese guarismo no representa el ajuste que recibirá cada usuario sino el promedio ponderado del padrón. En el desglose por segmentos, un 60% de los usuarios residenciales enfrentaría aumentos promedio del 22,6%, un 20% recibiría bajas promedio del 14,7% y el 20% restante conservaría el importe actual de su factura, siempre sobre valores de septiembre y sin considerar impuestos.

Cómo se aplicarían los aumentos y qué pasa con los descuentos

• Los cargos modificados por los coeficientes zonales aumentarían con un tope del 5% mensual acumulativo hasta alcanzar el importe previsto.
• Los usuarios que salgan de los segmentos más económicos perderían en tres etapas mensuales el descuento adicional del 15%.
• Los coeficientes zonales, que consideran la ubicación y las características del inmueble, pasarían de once niveles a cinco.
• Se ajustaría el valor del metro cúbico de cloacas en el Radio Antiguo porteño para incorporar el cobro asociado a los desagües pluviales.

La aplicación gradual responde a un intento por evitar saltos bruscos en la boleta de los hogares que queden del lado de los incrementos, en línea con la mecánica de ajustes escalonados que el regulador suele observar en los servicios públicos. El rediseño de los coeficientes implica, en los hechos, una recategorización masiva de inmuebles según la zona de la traza servida, un movimiento que redefine qué bloque paga más y cuál paga menos, incluso antes de que se modifique el valor unitario del metro cúbico.

El esquema también tendría consecuencias fuera del segmento residencial. Para comercios, industrias e instituciones, la concesionaria proyecta una reducción media del 2,2%: el 63% de esos usuarios no vería cambios en su factura, el 22% tendría bajas y el 15% pagaría más. En el caso de los terrenos baldíos, la factura promedio subiría un 7,6%, de 17.822 a 19.172 pesos mensuales, sin impuestos, un movimiento que suele generar ruidos en las asociaciones de propietarios y desarrolladores.

A dónde iría la recaudación adicional y cómo participar de la audiencia

La empresa propuso destinar el incremento de recaudación previsto al Programa de Tarifa Social, con el objetivo de ampliar su cobertura, un movimiento que la concesionaria presenta como compensatorio frente a los sectores que pagarán más. Antes de una resolución definitiva, los interesados podrán presentar observaciones en una audiencia virtual convocada por el ERAS, con inscripción abierta entre las 10 del 8 de octubre y las 10 del 24 de octubre. Las opiniones no serán vinculantes, aunque el organismo deberá explicar de manera explícita cómo las tuvo en cuenta o por qué las rechazó.

El proyecto tarifario de AySA para los hogares de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense deja una pregunta técnica que sobrevuela cualquier debate posterior: ¿cuánta agua y de dónde? Es decir, qué caudal y de qué fuente se destinará a sostener un padrón de usuarios cada vez más segmentado, con coeficientes zonales simplificados, topes mensuales acumulativos y un rediseño del Radio Antiguo porteño que, en los papeles, promete más equidad y, en los hechos, redistribuye el costo entre millones de facturas.