Cynthia Chamoles declaró como arrepentida y apuntó contra clientes morosos: la concesionaria de Pilar acumula al menos 35 damnificados

Se filtró un caso de presunta estafa en una concesionaria de Pilar: la Justicia detuvo a una pareja, tomó declaración indagatoria a la socia y registró un listado de al menos 35 damnificados. El expediente apunta a una deuda de unos dos millones de dólares en vehículos entregados y nunca abonados. La causa se originó a partir de denuncias de compradores que pagaron unidades de alta gama y no las recibieron, o que entregaron rodados en consignación sin percibir el producido de la venta.

Qué declaró la socia de la concesionaria

Cynthia Chamoles, de 44 años, prestó declaración indagatoria ante el fiscal Andrés Quintana y señaló a su propio círculo de clientes como responsables del desfasaje financiero que habría motivado los incumplimientos. La mujer fue detenida junto a su pareja, Carlos González, de 43, titular de Autos Pilar Premium, en su domicilio del barrio cerrado Las Condes, en Pilar.

Según consta en el expediente, Chamoles describió un esquema de ventas financiadas con pagarés que cayeron en mora durante el último período. «Se entregó una Land Rover Evoque. Nos debe 120.000 dólares. Nunca nos pagó», declaró la imputada al referirse a un DJ de reconocida trayectoria, cuya identidad se mantiene bajo reserva judicial.

La indagatoria incorporó dos referencias concretas de activos. En primer término, pagarés documentados por entre 500.000 y 600.000 dólares a cobrar. En segundo lugar, una Lamborghini Urus valuada en 800.000 dólares, con embargo vigente, cuya liberación la socia consideró clave para recuperar liquidez.

• El diputado nacional Manuel Quintar pagó 285.000 dólares por un Tesla Cybertruck que nunca le fue entregado, parte mediante transferencias bancarias y parte en efectivo.
• Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot, entregó una camioneta Ford Ranger Raptor en consignación sin recibir el producido.
• Un DJ de trayectoria reservada habría retirado una Land Rover Evoque con una deuda reconocida de 120.000 dólares.
• La causa registra al menos 35 damnificados y un volumen de deudas a cobrar estimado en dos millones de dólares.

Qué declaró González y cómo se originó la debacle

En su propia indagatoria, González describió un «descalce» financiero de seis millones de dólares y trazó la línea de tiempo de la concesionaria. Contó que la firma creció desde un local en el Shopping Champagnat hasta una sede sobre la colectora del ramal Pilar de la Panamericana, llegando a vender cien vehículos por mes.

El titular de la concesionaria atribuyó el inicio de los problemas a una causa federal previa por desobediencia, vinculada al uso de un predio lindante a la autopista como playa de exhibición no autorizada. Cuando el juez federal de Campana ordenó el retiro de los vehículos y la concesionaria volvió a ocupar el espacio, el magistrado dispuso el secuestro de nueve unidades y procesó a González por desobediencia.

Qué hacer: tres pasos para compradores y damnificados

• Presentar denuncia formal en la fiscalía que interviene, identificada como Unidad Fiscal a cargo de Andrés Quintana, y aportar toda la documentación respaldatoria: contratos, pagarés, transferencias bancarias, comprobantes de pago en efectivo y fotografías del vehículo retirado o no entregado.
• Constituirse como particular damnificado en el expediente judicial, lo que permite acceder al expediente, controlar la producción de pruebas y eventualmente reclamar la reparación del costo de los vehículos abonados y no entregados.
• Solicitar el embargo preventivo de bienes del matrimonio González-Chamoles y de la persona jurídica Autos Pilar Premium, medida habitual para asegurar el recupero de los montos adeudados y evitar que los activos sean transferidos antes de la sentencia.

El expediente mantiene bajo secreto de sumario el detalle de los restantes damnificados y de la totalidad de los pagarés impagos. La causa se extiende por al menos 35 damnificados y por movimientos en pesos, dólares y transferencias que la Justicia deberá reconstruir en el proceso penal.