Mendoza puso en marcha un canal gratuito para que consumidores renegocien deudas con sus acreedores
El procedimiento, a cargo de Defensa del Consumidor, exige que los compromisos financieros superen el 30% de los ingresos netos del hogar y contempla quitas, extensión de cuotas y espera, aunque cualquier modificación depende de un acuerdo con las entidades acreedoras.
Un dato duro marca la pulseada: en Mendoza ya está habilitada una instancia de conciliación gratuita para que los consumidores finales renegocien deudas de tarjetas de crédito, financiaciones de compras y préstamos personales con bancos, plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas. El mecanismo, administrado por la Dirección de Defensa del Consumidor provincial, busca ordenar el diálogo entre deudores y acreedores cuando el peso de los compromisos pone en riesgo la economía de los hogares.
A quiénes alcanza y qué deudas entran en la mesa de negociación
- Personas con domicilio real en la provincia de Mendoza y que se encuentren en consumidor final.
Cuándo se puede pedir la intervención
La solicitud requiere atravesar una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar, y que los compromisos financieros superen el 30% de los ingresos mensuales netos de quienes conviven en el hogar, según la referencia establecida en el procedimiento. El umbral baja al 25% para situaciones de especial vulnerabilidad social: hogares con menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, personas desempleadas, beneficiarias de programas sociales y trabajadores informales.
A esa regla de ingresos se suma un tope de capital adeudado: el total a reestructurar no puede superar el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de pedir la intervención.
Qué se puede discutir y qué queda afuera
El procedimiento de conciliación admite como alternativas a la quita parcial del capital, la extensión del plazo de pago, el otorgamiento de períodos de espera, la eliminación o reducción de intereses punitorios y gastos por mora, y la posibilidad de nuevos esquemas de cuotas. La Provincia aclara que carece de facultades para imponer esas condiciones de manera unilateral: cualquier cambio requiere un acuerdo expreso entre el consumidor y cada uno de los acreedores.
Entran en la mesa los préstamos personales, el financiamiento de compras, las tarjetas de crédito y los créditos otorgados por plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas. Quedan afuera las obligaciones con garantía hipotecaria, las deudas alimentarias, las multas y las sanciones penales, así como las deudas empresariales o comerciales ajenas al consumo familiar.
Cómo es el trámite paso a paso
El expediente se inicia ante la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), donde el solicitante debe presentar el listado de acreedores, los importes adeudados y un detalle actualizado de sus activos y pasivos. Defensa del Consumidor corre traslado a las empresas, que cuentan con un plazo de hasta diez días hábiles para informar su posición.
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