Procesan a Raúl Martins por lavado y le traban un embargo de 300 millones de pesos

La jueza federal María Servini resolvió el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins, de 77 años, exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), por el delito de lavado de activos. En la misma decisión, la magistrada ordenó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La causa investiga presuntas maniobras para incorporar al circuito económico formal fondos obtenidos a través de la explotación sexual de mujeres.

El cruce por las fechas de las operaciones

Uno de los ejes centrales de la resolución fue la discusión en torno a los plazos. Durante la etapa de indagatoria, Martins se negó a responder preguntas y presentó un escrito en el que reclamó el sobreseimiento o, en forma subsidiaria, la falta de mérito. En ese descargo sostuvo que las 26 operaciones que se le atribuyen, entre ellas la adquisición de propiedades y la administración de sociedades, se habían concretado en 2009, 2010, 2011 y 2012.

Según su planteo, esos movimientos eran anteriores al período que la justicia consideró acreditado para la explotación sexual, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014. Además, Martins afirmó que el antecedente penal firme se circunscribía al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre. Respecto de otros nueve establecimientos mencionados en el expediente, aseguró que las acusaciones habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Servini rechazó esa línea argumental. Consideró que una sociedad creada con anterioridad al delito investigado puede ser utilizada más tarde para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, por lo que la fecha de constitución de las empresas no resultaba suficiente para descartar las maniobras. En su resolución, la jueza evaluó en forma conjunta la actuación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares. Concluyó que Martins habría conservado el control efectivo de la estructura aun cuando no figurara formalmente como beneficiario final.

Qué hacer tras la novedad

• Seguir el expediente judicial: la causa tramita ante el Juzgado Federal a cargo de María Servini, y los próximos pasos procesales pueden consultarse en los registros oficiales del Poder Judicial.
• Revisar el origen de fondos propios: quienes hayan tenido relación comercial o financiera con personas o firmas alcanzadas por la investigación pueden consultar a un contador o abogado especializado en prevención de lavado.
• Informarse con fuentes oficiales: para evitar versiones distorsionadas, conviene remitirse a los comunicados de la Corte Suprema, del Ministerio Público Fiscal y de la Cancillería, especialmente en lo relativo al trámite de extradición.

Origen de la causa y extradition

El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, a partir de una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre. La pesquisa derivó en una causa por trata de personas y, luego, en la investigación patrimonial que terminó con el procesamiento por lavado. Martins había sido detenido en México en 2019 y su traslado a la Argentina desde Cancún quedó a cargo de las autoridades locales, en el marco de un proceso de extradition que las fuentes oficiales registran en los canales diplomáticos correspondientes.

La nota no incluye declaraciones atribuidas a la defensa ni a la magistrada más allá de lo que surge de la resolución y del escrito presentado por el propio Martins durante la indagatoria. Cualquier precisión adicional sobre montos, fechas o sociedades quedará sujeta a lo que avance en el expediente judicial.